El hecho de que la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) celebre hoy su 51 aniversario de exis­tencia habla de la permanencia de las instituciones y de modo especial indica la permanencia en medio de vorá­gines de cambios que hemos vivido en estas décadas.

La CASC, al igual que la Asociación de Industrias de la República Dominicana, nació al finalizar la dictadura de Trujillo e iniciarse en República Dominicana una etapa en la que sus principales actores políticos y sociales fueron partícipes de luchas, confrontaciones, pactos, alianzas, diferencias abiertas y no tan abiertas, pero siempre tra­tando de ser parte del desarrollo sostenible de la nación.

La CASC y la AIRD constituyen baluartes de defensa de la orgullosa paz laboral que hoy vivimos en la Repú­blica Dominicana. Una paz laboral que no ha sido fácil preservar y que aún enfrenta grandes retos y desafíos. Sin embargo, gracias al rol jugado por la CASC y otras importantes centrales sindicales hoy podemos felicitar­nos por estar entre los mejores lugares en el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial en cuanto a las relaciones laborales se refiere, ocupando la posi­ción 50 de 148 países. A ustedes, hombres y mujeres de la CASC, felicidades por ser parte de este logro!

Cuando hablamos de la industria nacional no estamos hablando sólo de los empresarios, sino que nos implica a todos. Una industria son sus equipos, maquinarias y logística, pero sobre todo una industria es su gente, tan­to industriales como trabajadores.

Hoy se me ha pedido que, desde el sector industrial que represento, me refiera al tema de la productividad y el desarrollo sostenible.

Desarrollo Sostenible

El verdadero desarrollo sostenible requiere crear rique­zas, que nuestras industrias incrementen su participa­ción en las exportaciones, que diversifiquen su produc­ción, que conquisten nuevos mercados y que generen más y mejores puestos de trabajo.

El verdadero desarrollo sostenible tiene como condición indispensable una sociedad en que sus instituciones funcionen, en que la educación de calidad sea accesible a todos, en que la seguridad social no sea una quimera o una conquista bajo permanente amenaza, en que un trabajador pueda disfrutar de una pensión digna y justa y que existan políticas que fomenten la inversión, la libre empresa y la competencia.

Informalidad

El desarrollo sostenible y el incremento de la produc­tividad tienen prioridades que atender, pero también tienen urgencias. Una de estas urgencias es la relativa a la necesidad de incrementar los empleos formales y reducir drásticamente la informalidad, lo cual es clave en la competitividad y en la productividad.

Un informe del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, de fecha julio 2012, hecho a solicitud del Ministerio de Economía, Planificación y De­sarrollo, indica que "el tipo de crecimiento registrado en los últimos diez años no es consistente con la visión de país en la Estrategia Nacional de Desarrollo. El 75% de los empleos creados (3 de cada 4) han sido informales, en su mayoría en sectores de muy baja productividad (otros servicios, comercio, transporte), mientras que los sectores de alta productividad (como las industrias) han disminuido en sus puestos de trabajo½ dicho patrón de creación de empleos no es exclusivo del período post cri­sis económica de 2003-2004, sino que es parte de un modelo basado en la expansión del sector no transable que se viene gestando desde finales de los noventas".

Señoras y señores, tres de cada cuatro empleos son in­formales. Esta es una cifra aterradora. Una cifra que nos indica que algo anda mal en el modelo de desarrollo en la República Dominicana y que nos conduce cada día más a crisis profundas, quizás irreversibles, en términos de crecimiento económico y bienestar social. Y es que las empresas y trabajadores informales:

No pagan impuestos;

No registran sus bienes y propiedades;

No participan en el sistema de seguridad social;

No se rigen bajo el Código Laboral;

No pueden utilizar el sistema formal de crédito;

No pueden acudir al sistema legal a reclamar sus derechos.

Además, las empresas informales son empresas o nego­cios de baja productividad, bajos salarios e inseguridad.

No aportan al desarrollo social vía sus tributos, por lo tanto, si se benefician de algún servicio (como el trans­porte subsidiado, la energía subsidiada, las infraestruc­turas), lo están haciendo a costa de quienes pagamos nuestros impuestos, ustedes como trabajadores y noso­tros como empresarios.

La informalidad permite "sobrevivir" a cientos de miles de dominicanos, pero nuestra aspiración no debe ser la sobrevivencia, sino la vida digna y próspera que solo lo garantiza el sistema formal.

Además, la informalidad es injusta, es competencia desleal, es una amenaza al desarrollo sostenible, es, mis queridos amigos, el camino a la inviabilidad de la nación y de la subsistencia de los sindicatos.

En el sector privado los números son dramáticos: el 65% del empleo es informal. Más aún, los empleos formales han disminuido en el sector privado en un 21% en los últimos años. La informalidad está impidiendo que las industrias -y en general todo el aparato productivo for­mal- generen más empleos. 

Amigos, nos podemos preguntar cuáles son las causas que originan esta lamentable situación. ¿Podría ser esto una consecuencia de un modelo económico basado en el fomento de los sectores de servicios e importaciones y no en los sectores reales de la economía? ¿O quizás por un exceso en nuestra carga tributaria? ¿O por debi­lidad de nuestras instituciones que hace rentable e im­pune la informalidad? ¿O podría ser por nuestra rigidez en la legislación laboral?

Dirigentes sindicales, estoy convencida de que la alta informalidad en nuestro país se debe a la suma de todos los factores antes mencionados.

Ante esta realidad, ¿qué debemos hacer?

Seguros de que "no solo en lo social se juega lo social" y "no solo en lo productivo se juega lo productivo". Nos atrevemos a proponer un conjunto de reflexiones para un cambio estructural en la República Dominicana.

Se trata de apostar por una mayor articulación de políti­cas macroeconómicas, industriales, sociales y laborales y ambientales.

Política Macroeconómica

La política macroeconómica ejerce --por acción u omi­sión-- una influencia decisiva en la estructura produc­tiva y en la trayectoria del crecimiento de largo plazo. Por su parte, la estructura productiva también afecta la dinámica macroeconómica.

Las enseñanzas de nuestros tiempos, en el continente y en el mundo, obligan a reconocer en primer lugar que la construcción de los pactos fiscales ha de tener piso firme en amplios acuerdos sociales. En nuestro país, la Estrategia Nacional de Desarrollo establece la necesi­dad de acordar un pacto fiscal en el cual debemos abor­dar 7 objetivos claros:

Aumentar la base tributaria,

Reducir la evasión,

Impulsar la equidad fiscal,

Aumentar la captación de la renta de los recursos naturales,

Incrementar la inversión pública,

Proteger el gasto social, y

Definir prioridades de inversión pública de acuerdo con objetivos de largo plazo de la política industrial y social.

Política Industrial

Por otro lado, la articulación de políticas requiere dar prioridad concurrente a la política industrial.

Y es que estamos convencidos de que la política indus­trial es clave para un cambio estructural virtuoso o un cambio de modelo de desarrollo.

¿Por qué? Porque la política industrial fortalece y crea actividades más intensivas en conocimiento, generando ventajas comparativas dinámicas. Porque la experiencia de otros países muestra su importancia y efectividad. Porque impulsa sectores y cadenas productivas con vi­sión de futuro para el desarrollo sostenible.

En la implementación de una verdadera política indus­trial deben priorizarse acciones que fomenten el finan­ciamiento para el desarrollo productivo; políticas de ciencia, tecnología e innovación; apoyo a las PYMES; atracción de la inversión extranjera directa que aporta tecnología y empleo y que se encadena con las econo­mías locales; y mejor distribución territorial de las inver­siones en infraestructura.

En síntesis, proponemos compatibilizar los objetivos macroeconómicos con los objetivos de las políticas in­dustriales, sociales y ambientales.

Una agenda de cambio estructural entraña riesgos, es cierto, pero sobre todo busca la manera de incorporar más personas a las actividades productivas formales.

Por ello, es impostergable redefinir una estrategia y po­líticas de desarrollo productivo. Si queremos generar mayores empleos dignos, debemos hacer todo lo huma­namente posible por readecuar nuestras industrias a lo interno, mejorar los procesos, impulsar la calidad de los productos, disponer de recursos humanos cualificados, innovar y mercadear. Creemos que las industrias han es­tado enfocadas en perseguir la excelencia, lo cual nos conduce a cada vez mayor productividad, en lo cual he­mos estado trabajando arduamente en los últimos años en la AIRD. Sin embargo, nos encontramos con escollos que escapan a nuestro control y que debemos superar, tales como: el deficiente suministro de energía eléctrica, el monopolio en transporte de carga, el difícil acceso a financiamiento, la precaria preparación técnica de nues­tros recursos humanos y el desfasado Código Laboral.

Política Social y Laboral

La vida demuestra que solo enfrentando los retos con firmeza y pasión es posible transformar la sociedad y sus estructuras.

Es perentorio mencionar los demás pactos contempla­dos por la Estrategia Nacional de Desarrollo y que son vitales para la subsistencia del aparato productivo. Nos referimos al educativo y al de electricidad. Sin embargo, de poco servirían estos pactos sino nos abocamos a con­certar políticas y acciones para incrementar la productivi­dad y generar mayores empleos formales en el país.

Hemos llamado y defendido la necesidad de un Pacto por el Empleo. Este llamado fue hecho por la AIRD hace más de cinco meses, ha sido respaldado por otras aso­ciaciones empresariales y acogido por el Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Hoy, humildemen­te pedimos el apoyo de las centrales sindicales a este llamado, porque un país con electricidad, educación e ingresos fiscales, pero sin un incremento permanente del empleo formal, no es sostenible en el tiempo.

Señoras y señores, la extensión de la informalidad y el desempleo constituyen la manera más segura de pro­longar y profundizar la pobreza, por ello quiero referirme a un aspecto que debe abordarse en un pacto por el empleo y es el de la reforma del Código Laboral.

Sé que es un tema muy complejo, que requiere de un diálogo transparente, honesto, que deje de lado los mi­tos y prejuicios y que tenga como único objetivo la pre­servación de sus puestos de trabajo y la creación de nuevos empleos formales.

Debemos realizar una reforma profunda a las regulacio­nes del mercado laboral para dotarlo de mayor flexibili­dad y garantizar mayor cobertura para los trabajadores. Si tomamos cifras del 2012, del 100% de la Población Económicamente Activa, es decir 4.7 millones de per­sonas y le restamos el índice de desempleo (14.7%) más los empleados informales (57%), podemos ver que apenas el 29.3% se encuentra protegido por el Código Laboral, esto es 3 de cada 10 personas. Esto señores es una triste realidad.

Estamos de acuerdo, como ha afirmado la CASC en otras ocasiones, que esta reforma no puede hacerse a costa de los derechos de los trabajadores, ni tampoco reduciendo sus condiciones laborales actuales, pero sí definiendo mecanismos de modo claro para que desaparezcan de una vez por todas los costos subrepticios, escondidos y que se prestan a castigar de modo especial a las peque­ñas y medianas empresas. Les digo a los trabajadores: no hay que tener miedo, el sector industrial les propone que miremos con confianza hacia un mismo horizonte: el del desarrollo sostenible, el de una fuerza de trabajo de cada vez mayor valor agregado y, por lo tanto, capaz de mayor productividad y bienestar social.

Como dijo José Martí: "El derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital; es la armonía, la concilia­ción, el acercamiento común de uno y del otro".

Todo empresario responsable sabe que hoy en día la productividad se logra solo si sus trabajadores están mo­tivados, protegidos y tienen sentido de pertenencia con respecto a la misión y valores de su empresa. Eso no se logra avasallando o quitando derechos, se logra pactando lo justo, en un ganar-ganar y haciendo de la productividad y la generación de empleos formales un objetivo común.

Política Ambiental

Ya hemos abordado varios aspectos que garantizan el desarrollo sostenible a través de políticas macroeconó­micas, industriales y sociales. Sin embargo, no podemos olvidar, tal como lo acordamos en el 2do. Congreso de la Industria Dominicana, que el desarrollo sostenible nunca podrá alcanzarse sin políticas medio ambientales acerta­das. No creemos que exista una maldición en aprovechar nuestros recursos naturales, pero los mismos deben ser utilizados responsablemente a favor de nuestra gente, tal y como lo hacen los países más desarrollados que el nuestro. La industria está en capacidad de hacer esto.

Por eso, asumimos que para crecer de manera sosteni­ble debemos superar las debilidades estructurales y re­ducir las brechas sociales mediante la potenciación de las capacidades humanas y la eliminación de las trabas que ahuyentan la inversión y el desarrollo productivo.

El fomento a la industria es el mecanismo para avan­zar hacia una estructura productiva más intensiva en conocimiento y alta capacidad de generación de em­pleos. Es el elemento decisivo para la incorporación de la revolución tecnológica que abre oportunidades no solo para grandes saltos de productividad y competi­tividad, sino también para la creación de empleos de calidad y la generación de condiciones favorables a la sostenibilidad ambiental.

El progreso técnico, la creación de más y mejores empleos, la reducción de la desigualdad y la sostenibilidad son di­mensiones inseparables en el mundo en que vivimos.

Conclusiones

En el horizonte estratégico a corto, mediano y largo plazo, la cohesión social, el crecimiento económico, la productividad y la sostenibilidad ambiental deben ir de la mano, apoyarse mutuamente y reforzarse en un círculo virtuoso.

Por todo esto, hoy en este foro ante trabajadores y diri­gentes sindicales me atrevo a hacer un llamado a cami­nar juntos, trabajadores e industriales, por un desarrollo sostenible en nuestro país.

Propongo una alianza por la productividad y el empleo, que implica una ruptura con el paradigma económico predominante, para juntos apoyar la eliminación de to­das las barreras que frenan la inversión y la generación de empleos formales. Esos empleos con derechos que constituyen la llave maestra para superar desigualdades y cerrar brechas que impiden avanzar hacia el verdadero desarrollo sostenible.

Como dijo una vez el reconocido escritor alemán Johann Goethe: "No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino si marchamos juntos por el mismo camino".