El Tribunal Superior Administrativo acogió la solicitud de medida cautelar interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominicana en contra de la decisión del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, por la cual se autorizaba la operación de varias empresas bajo el régimen de incentivo fiscal creado por la Ley 28-01. Dentro de estas empresas se encuentran Industrias Licorera La Altagracia, Maiberil International, Varpederdy y Saerat Investment, productoras de ron, de colchones, sacos de polipropileno y pacas, respectivamente.

La decisión del Tribunal Administrativo dejó sin efecto la autorización que se le otorgó irregularmente a estas empresas. Entre las irregularidades indicadas en el acto que se presentó al Tribunal Superior Administrativo se encuentra que el Consejo no realizó la publicación que exige la Ley.

El Tribunal rechazó también el pedimento de algunas empresas y personas que se convirtieron en intervinientes voluntarios, por el hecho de haberse acogido la solicitud de la Asociación de Industrias.

Esta sentencia crea un precedente importante, tanto en el sentido de cumplir las leyes, así como un llamado a la gravedad que implica la competencia desleal que proviene de un quehacer empresarial que se beneficia de una Ley que promueve la inequidad fiscal.

Este importante fallo suspende los beneficios que disfrutarían esas empresas en virtud de la Ley 28-01, por lo que en lo adelante las mismas deberán pagar todos los impuestos internos y arancelarios tanto en la comercialización como en la importación de sus productos. Esta suspensión, por ser cautelar, tiene efecto hasta tanto se decida el fondo del recurso interpuesto por la AIRD.

La Asociación de Industrias de la República Dominicana, una vez más, ratifica su compromiso de ayudar a genera un ambiente de competencia leal bajo el amparo de las leyes dominicanas.