Es una buena noticia la que recorre toda América Latina: expertos y responsables de políticas públicas de la región repiensan si el rechazo generalizado a políticas industriales proactivas fue adecuado. Entre esos responsables se encuentra el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que hoy nos presenta esta importante contribución en esa dirección, a través de la presentación de la obra: "¿Cómo repensar el desarrollo productivo? - Políticas e instituciones sólidas para la transformación económica".

Las recetas e improvisaciones implementadas hasta el momento, a partir del llamado Consenso de Washington, se han revelado insuficientes para garantizar que el crecimiento económico y el bienestar social vayan de la mano definiendo lo que algunos han llamado desarrollo sostenible.

Como hemos dicho en otras ocasiones: lo económico no se agota en lo económico.

La definición e implementación de políticas de desarrollo productivo proactivas constituyen, un proceso económico-social de búsqueda de bienestar, legitimidad política y de fortalecimiento de la cohesión social.

Estas políticas a las que aspiramos deben ser capaces de incrementar las exportaciones y el trabajo formal, contribuir a reducir el déficit comercial y, en definitiva, hacer posible un crecimiento económico que sea soporte clave del bienestar social, especialmente de la reducción de la pobreza.

Nuestro aparato productivo adolece de serios hándicaps frente a las importaciones provenientes de otros países con los que tenemos acuerdos comerciales, así como a la posibilidad de aprovechar las oportunidades que se abren en términos de acceso y penetración en otros mercados.

Vencer este hándicap depende de la capacidad del Estado y del sistema político para:

Mantener políticas estables y creíbles que permitan al sector privado invertir e innovar con un horizonte a largo plazo;

Adaptar las políticas a los cambios de la coyuntura económica, y

Coordinar las políticas de diferentes ámbitos -económico, social e institucional- teniendo en cuenta sus efectos mutuos.

Hay iniciativas que se han adoptado desde el sector industrial, con apoyo de instituciones internacionales y del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) como parte del Plan Nacional de Competitividad Sistémica (PNCS). Además de iniciativas dirigidas a mejorar el clima de negocios y a la facilitación de las actividades empresariales, hay otras que giran en torno a  los conglomerados o "clusters", cuyo desarrollo nos parece prometedor.

Sin embargo, se requiere un apoyo extraordinario y un giro que permita ajustar el rumbo de la economía para favorecer el desarrollo y sostenibilidad de los sectores productivos. Apoyo que deberá hacer énfasis en los siguientes aspectos:  

Asegurar coordinaciones y evitar duplicidades en las instituciones del Estado. No es posible que sigamos teniendo racimos de políticas y esfuerzos sin enfoques comunes, sin las debidas coordinaciones y con el desperdicio proveniente de las duplicaciones. De ahí la importancia de un diseño institucional muy bien pensado e integrado, en el que se asegure la participación conjunta de los sectores público y privado. Esto último es especialmente importante cuando se trata de explorar y apostar a desarrollos productivos, materia en la cual el olfato, la experiencia y el compromiso del sector privado son insustituibles.

No debemos continuar con la dispersión y descoordinación que todavía se da en nuestra red institucional. Tal como se indica en el Informe Attali: "Existen cuatro organismos para promover la República Dominicana en el extranjero : el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, el Consejo Nacional de Competitividad y el Consejo Nacional de Zonas Francas y Exportación. Cada organismo dispone de un presupuesto limitado que no le permite asegurar una gran visibilidad internacional". Y esto es sólo una muestra de las múltiples fuentes de dispersión y descoordinación a las que podríamos referirnos.

Asegurando la debida coordinación de políticas e instancias, se podría asumir un amplio programa estratégico de reestructuración y desarrollo industrial con objetivos y metas de mejora de la productividad y la calidad, especialmente sobre la base del fomento de la innovación y con orientación privilegiada hacia las exportaciones.

Desarrollar una infraestructura nacional para la calidad. Hemos avanzado en esta dirección al aprobar la Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad (SIDOCAL) y un organismo rector interistitucional llamado CODOCA, pero nos hemos dado cuenta que la ley cuenta con muchas distorsiones y que el apoyo institucional requiere de más que una ley, requiere de una cambio cultural, en el cual desde la AIRD estamos trabajando.

Del mismo modo, necesitamos contar condiciones y servicios básicos asegurados, entre ellos: un servicio eléctrico confiable y competitivo; servicios aduanales e infraestructura portuaria adecuados, sistema educativo y de capacitación de mano de obra cónsonos con el desarrollo industrial, institucionalidad y transparencia en la gestión pública.  Además, de un entorno laboral y fiscal competitivo, que parta de una reforma a nuestra legislación para garantizar equidad y su adecuación a las necesidades de una economía abierta.

Otro aspecto en el que debe insistirse es en el de  generar  un ambiente  pro-exportador al dinamismo productivo, para superar el tradicional sesgo anti-exportador que predominó por tanto tiempo.  

Esto conlleva trabajar en la concertación y coordinación de actores estatales y empresariales.  Si bien la innovación en sentido estricto tiene lugar en la empresa productiva, supone la interacción de distintos agentes y entidades (fundamentalmente empresas locales, universidades e institutos públicos de investigación y tecnología, agencias públicas involucradas en las políticas de desarrollo productivo, instituciones financieras nacionales y extranjeras y empresas extranjeras radicadas en el país que destaquen por su relevancia tecnológica).

Todo lo anterior, se expone bajo ciertos supuestos y  determinadas condiciones para garantizar la competitividad y el desarrollo de nuestro sector industrial.

Pero, ¿Puede desarrollarse la industria de un país sin una política industrial?

Hoy en día, para que una política industrial sea efectiva y traiga consigo un desarrollo sostenible, aumento del empleo formal, incremento de las exportaciones y mayor cohesión social, debe partir de los siguientes criterios:

Generar una alianza entre el sector público y el privado, lo que significa la necesidad de negociación y constitución de consensos.

Tener como marco el proceso de globalización y la apertura de los mercados.

Enfocar la política industrial en innovación, el desarrollo biotecnológico, energético, el cambio climático, la nanotecnología, la tecnología de la información y la sustentabilidad.

Contar con un Estado que no compita con el sector privado y que si lo hace sea en equidad de condiciones, con una política cambiaria pasiva, y liberalización de los mercados.

Asumir como norte la inserción en los mercados, todos los mercados, tanto el interno como el externo. Esto implica no sólo una mejora continua de la calidad, sino inteligencia para defender el mercado interno y poder colocar la producción en los mercados más exigentes del comercio internacional;

En República Dominicana no partimos de cero. Hemos realizado junto al sector público numerosas iniciativas, algunas más exitosas que otras. Pero debemos ser más agresivos, pues la mayoría de los países están empeñados en impulsar diferentes políticas de desarrollo industrial, algunas más exitosas que otras, pero siempre con un principal objetivo, apropiarse de nuestros mercados. 

Cada día de retraso para activar nuestra política industrial, es un día más que le damos a nuestros competidores para invadirnos con sus propias marcas y productos y es sólo a través del desarrollo industrial inclusivo y sostenible que los países de todo el mundo, sean industrializados o en vías de serlo como el nuestro, serán capaces de lograr un crecimiento económico con equidad social.