Desde la AIRD siempre hemos dicho que para que la República Dominicana pueda desarrollarse de manera sostenible requerimos de una política de desarrollo productivo o política industrial que ponga especial énfasis en un impulso tecnológico a las diversas esferas productivas, que permita aprovechar los avances en investigación y desarrollo; integre cadenas productivas y los sectores de la economía; garantice servicios básicos competitivos, elimine las trabas burocráticas y agilice el comercio, promueva alianzas público-privadas, y de manera indispensable, facilite el acceso a financiamiento un competitivo para proyectos productivos.

El Proyecto de Ley de Mercado de Valores, junto a otras iniciativas como el Banco de la Exportación (BANDEX), la revisión del Reglamento de Evaluación de Activos (REA), una política que favorezca tasas de interés competitivas para el sector industrial, pueden constituirse en una respuesta a esta necesidad indispensable. De hecho, no puede existir una verdadera política industrial en un país que no cuente con instrumentos de apoyo financiero a mediano y largo plazo y en condiciones competitivas.

El acceso al crédito es tan importante para las industrias como vender sus productos. Si el sector privado tiene buenas fuentes de financiamiento puede innovar, crecer y sobre todo competir con sus pares nacionales e internacionales.

En República Dominicana, como en otros países de la región, la desaparición de la banca de desarrollo contribuyó a agravar el problema de financiamiento de largo plazo e impuso restricciones al crecimiento económico.

La mayoría de los países latinoamericanos que están apostando a su desarrollo industrial han logrado revertir esas políticas y ya cuentan numerosas instituciones e instrumentos financieros innovadores para el impulso de los sectores productivos, facilitar financiamiento entre proveedores y usuarios de bienes, así como para compartir riesgos con entidades del gobierno en sectores muy específicos a través de fondos de garantía.

En el más reciente Ranking de Factores que Afectan la Competitividad realizado por la AIRD en el marco de la Encuesta Trimestral de Coyuntura Industrial, reveló que el acceso a financiamiento es la principal traba de los industriales. Por eso no es casual nuestro interés en involucrarnos y participar en construcción de un entorno financiero adecuado. Afortunadamente, aunque un poco tarde si nos comparamos con otros países, en nuestro país estamos abriendo los ojos, pues poco a poco hemos venido desarrollando nuevos instrumentos financieros y mecanismos de acceso a financiamiento financieros, como el BANDEX,  fideicomisos, factoraje, fondos de garantía, sociedades en garantía y estamos tratando de fortalecer el mercado de valores.

En este marco se habla de una ley de mercado de valores.

El mercado de valores engloba la compra y venta de títulos valores, que emiten las instituciones oficiales y las empresas, permitiendo la emisión, colocación, y distribución de valores. El sistema bursátil y extra bursátil permite la negociación de diferentes valores, contribuyendo con el establecimiento de los precios de mercado de un determinado instrumento y el costo de la intermediación. A través de los años, los sistemas bursátiles han ido evolucionando hasta llegar a una estructura relativamente similar en el mundo entero.

Sin embargo, una nueva ley que regule el mercado de valores en República Dominicana no puede ser simplemente un injerto de otras experiencias, sino que ha de tomar en cuenta nuestro nivel de desarrollo, así como los propósitos de un sistema que busca promover el financiamiento y al cual las industrias dominicanas no estamos ajenas.

Lamentablemente y a pesar del crecimiento que ha tenido el mercado de valores en República Dominicana, la emisión de bonos y la inserción de las empresas industriales ha sido muy limitada. Basta recordar que apenas el 1.65% de los fondos de pensiones están colocados en manos de empresas productivas, pues muchas de las experiencias vividas por nuestras industrias no han sido del todo positivas. Por otro lado, no es casual que actualmente los mayores emisores de títulos en el país sean el Ministerio de Hacienda y el Banco Central.

Para la AIRD es sumamente importante que el nuevo marco de ley del mercado de valores logre subsanar aspectos que restringen y desmotivan a las empresas productivas para incursionar en dicho mercado.

Por ello, queremos agradecer al Superintendente de Valores, Gabriel Castro y a su equipo, el haber accedido a nuestra invitación para explicarnos detalles del anteproyecto de ley que establecerá importantes cambios al marco regulatorio del mercado de valores y el cual esperamos sea el fruto de un gran consenso entre todos los actores involucrados, que incluya especialmente a los que deberemos utilizar estos instrumentos como fuente del desarrollo productivo. 

Como industriales, tenemos la mejor intención de apoyar esta nueva legislación, esperando que la misma logre responder o subsanar los siguientes aspectos:

Garantizar un órgano regulador estrictamente profesional, despolitizado e independiente no solo de los emisores privados, sino también de los públicos, que cuente con un consejo superior jerárquico independiente de las decisiones del Superintendente.

Establecer tasas administrativas por servicios a los emisores y puestos de bolsa que se correspondan con el servicio prestado y no con el valor de la emisión.

Garantizar por ley,  y no vía reglamento, condiciones especiales para el tratamiento a las (PYMES).

Disponer exigencias de gobierno corporativo moderadas para las empresas y ajustadas a la realidad de empresas familiares que tenemos en el país y por supuesto que no sean mayores que las establecidas en la Ley Monetaria y Financiera.

Establecer una mayor flexibilidad en cuanto a las informaciones públicas de las empresas emisoras y con respecto al cumplimiento de las normas NIF.

Disponer incentivos y facilidades para promover la participación de los sectores productivos y de emisores en el mercado de valores.

Establecer diferencias en cuanto a los requerimientos y exigencias de la SIV para los diferentes instrumentos, en base a los niveles de riego de los mismos.

Consagrar un régimen sancionador adecuado y similar al establecido en la Ley Monetaria y Financiera. 

Las sugerencias e inquietudes pueden ser múltiples, pero no deben paralizarnos, debemos buscar respuestas, debemos buscar consensos, pues no se trata una nueva ley más, ni de un traje a la medida para alguien en particular; de lo que se trata de construir juntos una pieza legislativa que perfile un crecimiento promisorio, sostenible y sano del mercado de valores en la República Dominicana, como instrumento de desarrollo productivo.

Ese es el propósito de esta actividad y por eso agradecemos al Superintendente de Valores, Gabriel Castro, a los consultores Jaime Dunn y Elka Scheker, así como a los empresarios e industriales, representantes de los puestos de bolsa y de las Entidades de Intermediación Financieras por estar aquí; sabiendo con claridad que "todo punto de vista es la vista desde un punto" y que, por lo tanto, será entre todos que definiremos el mejor proyecto de ley de Mercado de Valores.