La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) consideró que es un atentado a la seguridad jurídica la práctica reiterada de algunos ayuntamientos de imponer arbitrios municipales contrarios a la Constitución de la República y las leyes vigentes.

Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la AIRD, señaló que en los últimos años la AIRD y otras empresas e instituciones se han visto obligadas a recurrir una y otra vez ante el Tribunal Constitucional y otros tribunales ordinarios por la imposición de arbitrios municipales que violan la Carta Magna. Varios ayuntamientos de todo el país -explicó- son reiterativos en disponer arbitrios que en realidad constituyen impuestos, lo cual es facultad del Congreso Nacional.

Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional pronunció la nulidad total y absoluta de la pretensión de varios ayuntamientos mediante sentencia TC-0418-15 de imponer el cobro de distintos arbitrios para la publicidad rodante en automóviles, autobuses y camiones.

En el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Inc., (AIRD); Asociación de Comerciantes de Santiago (ACIS); MercaSID, S.A., Induveca, S.A., Cervecería Nacional Dominicana, S.A., Bepensa Dominicana, S.A., Brugal & Co. S.A., Grupo Rica, S.A., Industria Aguayo de Construcción, S.R.L., Frito Lay Dominicana, S.A., y Productos Chef, S.A., objetaron los artículos de las resoluciones de esos Ayuntamientos. El tribunal indicó que el arbitrio dispuesto por las resoluciones de los ayuntamientos que fueron impugnadas colide con el impuesto de carácter nacional a la publicidad, establecido mediante el Código Tributario y contrarias a los artículos 93 y 200 de la Constitución de la República.

Otro ejemplo presentado por la AIRD es el relativo al   Recurso de rodaje interpuesto por CEMEX DOMINICANA ante el Tribunal Constitucional. La empresa obtuvo ganancia de causa. El Tribunal Constitucional, mediante una sentencia, pronunció la nulidad absoluta de una resolución del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte que establecía un arbitrio de cinco pesos (RD$5.00), por cada metro cúbico que vendan las empresas hormigoneras que operan en el municipio de Santo Domingo Norte, y el cobro de un impuesto por rodaje cuando ingresen a dicho municipio.

También la Asociación de Comerciantes de Santiago (ACIS) recibió ganancia de Causa por parte del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad ante un árbitro por concepto de rampa que imponía el ayuntamiento.

Otra acción en Inconstitucionalidad interpuesta por la AIRD es en contra de diversas resoluciones de Ayuntamientos que crean el arbitrio de rodaje, la cual se encuentra pendiente de fallo por el Tribunal Constitucional desde hace más de 4 años y se espera que su decisión sea emitida en los próximos días. 

El establecimiento de este tipo de arbitrios constituye una violación al artículo 200 de la Constitución Dominicana que dispone que "los ayuntamientos podrán establecer arbitrios en el ámbito de su demarcación que de manera expresa establezca la ley, siempre que los mismos no colidan con los impuestos nacionales, con el comercio intermunicipal o de exportación ni con la Constitución y las leyes".

Violando la Ley se fomenta inseguridad jurídica

Almánzar señaló que violando la Constitución y las leyes lo que se hace es fomentar la inseguridad jurídica. "Es una práctica que aleja las inversiones, crea inseguridad y, a la larga, lo que quieren lograr de mayores recaudaciones edilicias también se verá afectado", explicó.

Expresó que República Dominicana tiene el desafío de que se respete de modo absoluto el ordenamiento institucional que nos hemos dado en la Constitución y las Leyes. 

"El día en que hagamos del cumplimiento de las leyes y del respeto a la Carta Magna una cultura, el día en que rechacemos toda violación a la Ley, cada dominicano se sentirá orgulloso en cualquier país del mundo en el que se encuentre, y las inversiones tanto locales como extranjera fluirán con agilidad", afirmó la Vicepresidenta Ejecutiva de la AIRD.