"La República Dominicana cuenta con un servicio eléctrico universal, de calidad, eficiente, confiable, resiliente, ambiental y financieramente sostenible" es la visión definida por el Pacto para la Reforma del Sistema Eléctrico Nacional y es el deseo de cada dominicano consciente de lo que implica la energía eléctrica para el desarrollo económico y social del país.

En el país es común asegurar que tenemos suficientes leyes que lo que se requiere es "que se cumplan". O indicar que determinadas decisiones son el fruto de confabulaciones de poder, que nada cambiará porque no se han tocado los temas fundamentales. Es lo que algunos han denominado "la cultura del microondas", indicando la incapacidad de entender que la solución de algunos problemas implican procesos en los que es necesario buscar consensos, asumir compromisos, construir esperanzas.

Es cierto que el cumplimiento de la Ley General de Electricidad (125-01) no ha sido cabal, dificultando así que pudiésemos avanzar en solucionar tan grave problema. En la Estrategia Nacional de Desarrollo hubo un mandato: la firma de tres pactos: el educativo, el eléctrico y el fiscal. ¿En el plazo acordado? No. Las dinámicas políticas a veces imponen ritmos. Sin embargo, el Pacto fue un proceso de concertación. Implicó tres años de trabajo y de escucharse todos los sectores.

Esta es la razón por la cual, para la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), se justifica el ejercicio hecho para llegar a consensos fundamentales que se han plasmado en el Pacto Eléctrico, en el cual todos los actores afectados por la problemática han participado y se espera sean compromisarios para su cumplimiento.

Miles de horas y reuniones, discusiones en mesas de trabajo, disensos y consensos, en una dinámica en que se buscó y se logró plasmar en un documento un mapa de la ruta hacia el desarrollo y la competitividad, hacia la tranquilidad y la eficiencia, hacia la solución de la problemática.

Este Pacto, como señala la definición de Misión en el documento a conocer, está destinado a "Proveer un servicio eléctrico bajo los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, razonabilidad y equidad tarifaria, mediante la operación en condiciones de sana competencia conforme al marco legal, la seguridad jurídica, la promoción de sinergias entre actores públicos y privados, el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, la innovación tecnológica, así como la adopción de políticas y planes coherentes y consistentes en el tiempo, sujetos a evaluación permanente y mecanismos de rendición de cuentas; todo ello en beneficio del desarrollo nacional sostenible".

En el documento final se abordaron temas clave: regulación, generación, distribución, transmisión y sostenibilidad.

Algunos aspectos relevantes

1. El Pacto ataca la carencia de sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, lo cual se traduce en una pesada carga para el Estado y en restarle recursos a la labor del Gobierno para invertir en otras áreas del desarrollo económico y social. La política de subsidio global, las altas perdidas por no cobranza de toda la energía puesta en las líneas de distribución y la pobre gestión de las empresas distribuidoras se plantean y se asumen metas, procesos de solución, compromisos.
2. El Pacto promueve un equilibrio en la generación y sus tipos: renovables, hidro, térmicas.
3. El Pacto asume la gradualidad en el desmonte del subsidio generalizado y decide que el subsidio se mantenga bajo el criterio de ser focalizado hacia las personas que más lo necesitan, plantea metas claras de reducción de pérdidas por parte de las Distribuidoras.
4. El Pacto mantiene la independencia del regulador del sistema, la Superintendencia de Electricidad.
5. El Pacto coloca en el Ministerio de Energías y Minas el rol de hacedor de políticas y planificación del sector.
6. El Pacto se propone lograr que el mercado eléctrico funcione de modo competitivo y en el cual todos los agentes cumplan con eficiencia su rol, así como con transparencia y apego a la Ley.
7. El Pacto promueve un régimen regulatorio que garantice la libre competencia, promueva la eficiencia, atraiga inversiones, proteja a los consumidores y garantice la rendición de cuentas.
8. El Pacto promueve un sector eléctrico responsable con el medio ambiente y que incluye un manejo responsable de los riesgos.
9. El Pacto favorece un marco para expandir las actividades de generación, de modo que el desarrollo productivo de la nación esté asegurado a mediano y largo plazo.
10. El Pacto plantea como meta la reducción de pérdidas de energía hasta un 15% en los próximos 5 años.
11. El Pacto prevé la veeduría social, la vigilancia por parte del Consejo Económico y Social y de la sociedad dominicana.

La sociedad ha de mantenerse vigilante y alerta. Los compromisos son inevitables. No hay lugar para esconder la ineficiencia. El cumplimiento del Pacto es vital para el desarrollo económico y social.

Es cierto que de nada servirán los acuerdos, consensos y planes de acción si no existe la voluntad política de ejecutarlos y ponerlos en práctica. El sector eléctrico dominicano lleva 50 años sumido en una crisis matizada sobre todo por la falta de confianza y de reglas claras, este es el momento de rodear al sector de la confianza necesaria para poder sobrepasar la sempiterna crisis en torno al tema eléctrico.

En definitiva:

Consenso + compromiso = esperanzas.

Colaboración AIRD-El Dinero

Diciembre de 2017