La ley de Proindustria, como pilar de la política industrial dominicana, surge en un contexto de apertura económica, impulsada por la entrada en vigencia de importantes acuerdos comerciales en el país.

Las facilidadesde esta legislación fueron diseñadas tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales en la materia. En lugar de exenciones generalizadas, los incentivos están condicionados al desarrollo de nuevas inversiones y se otorgan en función de resultados. Es decir, si no hay inversión, tampoco hay incentivos.

Para competir exitosamente en el mercado, tanto local como internacional, la innovación es constante y no está sujeta a un momento específico en el ciclo de vida de las empresas. Esta ley ha sido una política pública exitosa que ha jugado un rol protagónico en la modernización del sector manufacturero local, promoviendo su innovación y competitividad.

Esta legislación fue modificada en diciembre de 2020 para consolidar el apoyo a la industria, lo cual hace sorprendente que, a menos de cuatro años de ese esfuerzo, se pretenda cambiar las reglas del juego del sector industrial en un momento propicio para la industrialización.  El marco legal tiene estos atributos:

I. Es un régimen abierto para todas las industrias, sean grandes, medianas, pequeñas o microempresas. Entre los beneficiarios, el 57% son Mipymes, y de estas, un 35% son micro y pequeñas empresas.

II. Promueve una mayor contratación de personas y el pago de mejores salarios en comparación con el resto del sector industrial. Las empresas acogidas a Proindustria tienen 5.8 veces más empleados y pagan 2.4 veces más que el salario promedio.

III. Ha generado un incremento anual del 8% en las exportaciones, superando los US$1,530 millones en 2022.

IV.  Fomenta la productividad, permitiendo a las industrias adquirir activos fijos que las hacen más eficientes y productivas.

V. Contribuye a que las industrias acogidas al régimen aporten más al fisco que sus pares, con una tasa efectiva de tributación 3.4 puntos porcentuales mayor que la del sector industrial en general (5.6% frente a 2.2%).

Todas estas condiciones se verían afectadas si se aprobara la reforma fiscal tal como está concebida, lo cual impulsaría un proceso de desindustrialización sin sentido.

El sector industrial necesita previsibilidad y certeza jurídica para seguir invirtiendo en el crecimiento del país, especialmente cuando se trata de una ley que ha fomentado la modernización de las empresas, haciéndolas más productivas, innovadoras y eficientes, mientras contribuyen con mayores impuestos y generan más empleos de calidad.