Presencia fuerza pública en desalojos y embargos es muy importante

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) agradeció al Procurador General de la República, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Consejo del Poder Judicial los esfuerzos realizados para emitir la resolución 17-2015 que establece la obligatoriedad de la fuerza pública para la ejecución de las sentencias emanadas de los tribunales.

Circe Almánzar, vicepresidenta de la AIRD, indicó que la Resolución 17-2015 del Consejo del Poder Judicial organiza de modo claro el proceso para la ejecución de sentencias que ordenen embargos, desalojos, expulsiones de lugares y otros actos análogos, evitando así el desorden que imperaba en algunos actos o la inefectividad de decisiones judiciales. Dicha resolución tiene carácter transitorio hasta que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo sancionen la Ley que corresponde, según ordena el Tribunal Constitucional en sentencia del 2013.

Afirmó que la resolución fortalece la seguridad jurídica en República Dominicana y que permite fortalecer el trabajo conjunto de la fuerza pública y el Ministerio Público, lo cual es muy importante.

“Es muy importante que el ministerial actuante en un desalojo o un embargo esté acompañado de la fuerza pública, la cual debe ser canalizada según establece la Ley Orgánica del Ministerio Público”, expresó Almánzar.

El Ministerio Público tiene la obligación de otorgar el auxilio de la fuerza pública y notificar a los órganos competentes de este requerimiento. “En ocasiones nos hemos encontrado con desalojos arbitrarios, acompañados de turbas, y en otras, en cambio, hemos tenido sentencia que no se ejecutan porque sus beneficiarios no cuentan con la fuerza pública y tampoco arman grupos. Con la resolución se tiende a evitar la arbitrariedad y también la ineficiencia”, indicó Almánzar.