El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) planteó cuatro pilares clave para una democracia sólida (Ley Electoral, Ley de Partidos, Ley de Responsabilidad Fiscal, Independencia y fortalecimiento de las instituciones reguladoras: Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, Cámara de Cuentas y Altas Cortes). Estos pilares tienen en común un elemento que define un real Estado de Derecho: institucionalidad. 

Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, indicó con acierto que la institucionalidad incluye otros elementos a tomar en cuenta. Señaló como grave un conjunto de situaciones “que no han encontrado respuestas de parte de la institucionalidad dominicana. Vemos como diariamente los empresarios del transporte hacen lo que les da la gana, como las instituciones militares dejan de responder a las sentencias de Tribunal Constitucional. Y otras manifestaciones, como invasiones de terreno, también ataques a empresas para hacer embargos ilegales”. 

Institucionalidad y desarrollo productivo

Por situaciones como estas señaladas y otras que han dificultado la competitividad de los sectores productivos en República Dominicana y que, de un modo u otro, se vinculan al tema de la debilidad institucional en que vivimos, es que se hace necesario desarrollar y fortalecer la institucionalidad para mejorar las condiciones en que opera el aparato productivo nacional y la estructura empresarial. Esto no es ajeno a las preocupaciones del Gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina. 

El programa de gobierno presentado por el Presidente Medina para ser implementado a partir del 16 de agosto del presente año señala la necesidad de una nueva institucionalidad con base en alianzas entre el Estado y la sociedad. En su segundo eje (Economía inclusiva y desarrollo productivo), plantea cinco grandes compromisos que en muchos casos requieren redefiniciones institucionales.

Estos cinco compromisos planteados para el nuevo Gobierno y los cuales la AIRD considera fundamentales son:

1. Mantener la estabilidad macroeconómica y garantizar el crecimiento;

2. Fortalecer el sistema financiero de modo que los ahorros de la economía se canalicen hacia las actividades productivas de mayor impacto en la vida de las personas;

3. Apoyar el desarrollo y el encadenamiento productivo de los sectores económicos con mayor potencial para aumentar el empleo, las exportaciones y los ingresos reales de la población;

4. Conformar una nueva fiscalidad, que se caracterice por la equidad, la progresividad, la transparencia y la calidad del gasto público;

5. Un clima de negocios favorable a la inversión privada, tanto nacional como extranjera,  con reglas de juego claras.

No se trata de unas metas solo del Gobierno, sino del Gobierno y la sociedad, especialmente los sectores productivos. Tal como indicara la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al hablar de las Políticas de Desarrollo Productivo, con frecuencia el problema fundamental reside en la cooperación público-privada, y por lo tanto es un aspecto crucial del examen que deben superar los hacedores de políticas públicas.

La AIRD ha reconocido y reconoce que ha tenido en el Gobierno un interlocutor ante graves temas que afectan el desarrollo productivo, conscientes de que la institucionalidad vinculada a esta área debe ser permanentemente sometida a revisión, dado el entorno de competencia y el hecho de ser la dominicana una de las economías más abiertas del mundo. En los actuales momentos, esta institucionalidad tiene puntos débiles, entre los cuales han de indicarse algunos de ellos:

• La necesidad de concluir el proceso del Pacto Eléctrico, el cual podría constituir un marco para la definición de los ajustes institucionales y fiscales que se requieren para superar los problemas en esta y otras áreas. 

• La necesidad de fortalecer institucionalmente el Poder Judicial y la titulación de tierras, contribuyendo a su actuación con transparencia y a la eliminación de la corrupción. Reforma de la jurisdicción inmobiliaria, revisión de la Ley de Notarios, la cual ha creado serias incertidumbres.

Se requiere estabilidad en las reglas de juego, evitar los constantes cambios de normativas y aprobaciones de leyes y resoluciones innecesarias, lo cual crea incertidumbres en el clima de inversión. Así como fortalecer el sistema de consecuencias ante incumplimiento de las leyes y reglamentos.

• Eliminar la duplicidad de funciones de las entidades públicas y reducir el exceso de permisología y burocracia, así como lograr una mayor coordinación institucional entre los organismos estatales. La duplicidad y superposiciones en las instituciones generan confusión y dificultan la búsqueda de una solución, además de que encarecen el proceso productivo. Un ejemplo es el referido al ordenamiento del transporte, tanto de carga como de pasajeros. 

• Fortalecer las instituciones y mecanismos crediticios de apoyo a la producción y a las exportaciones. En ese sentido, es clave el funcionamiento del BANDEX como fue concebido: un instrumento para el fomento de las exportaciones, desde la óptica del financiamiento.

• Retomar el Diálogo Tripartito para la modernización del Código Laboral, aumentar la productividad y promover los empleos formales en el sector privado.

• Fortalecer el castigo, de modo firme, a la informalidad, la evasión y la ilegalidad. 

Estos temas no son ajenos a los planteamientos hechos en el Programa que ha de regir al próximo Gobierno. Están incluidos de un modo u otro. Son parte de la agenda del Diálogo Público-Privado. “Trabajaremos para lograr mayor confianza en las instituciones y, en especial, el sistema de justicia”, afirma el Programa de Gobierno del Presidente Medina. 

En definitiva, redefinir y fortalecer las instituciones vinculadas a los sectores productivos y que las mismas sean realmente funcionales, es el camino de la confianza a la que aspiramos.