El 18 de junio del año 2013, con la integración de esta Comisión de Veeduría del Ministerio de la Presidencia, se dio inicio a una novedosa experiencia de participación ciudadana en el monitoreo de las compras del Estado dominicano.
El derecho al control y fiscalización del uso de los fondos públicos desde la sociedad, está garantizado por la Constitución y por un conjunto de leyes adjetivas existentes en el país. Este ejercicio ciudadano es aún más relevante en un área como el de las contrataciones públicas, a la cual se dedica alrededor del 30% del presupuesto nacional.
Las Comisiones de Veedurías, aunque promovidas por la Presidencia de la República a través de los decretos 188-14 y 183-15 que definen sus principios, normas de funcionamiento y su reglamento general, son autónomas e independientes. Las 24 comisiones creadas hasta la fecha, están integradas por representantes del sector privado, las universidades, las iglesias católicas y evangélicas y ciudadanos independientes que gozan de una reconocida solvencia moral. Estas comisiones, como lo dicen sus reglamentos, tienen carácter cívico, voluntario, proactivo y ad honorem.
La Comisión de Veeduría del Ministerio de la Presidencia (MINPRE), durante estos dos años y cinco meses ha estado trabajando en su fortalecimiento interno, en el conocimiento de las normativas de las compras públicas, en la definición de los mecanismos de monitoreo y en el seguimiento a las compras y contrataciones públicas llevadas a cabo por este Ministerio a lo largo del período indicado. Para la realización de este trabajo se ha contado con la entrega eficiente y oportuna de la información pública requerida, la cual, a su vez, se encuentra disponible en el portal del MINPRE.
Esta comisión ha realizado recomendaciones dirigidas a mejorar los mecanismos de comunicación entre el MINPRE y los proveedores. Por otro lado, se han abiertos canales de comunicación directa con los oferentes del Ministerio, a partir de los cuales se reciben quejas y/o preocupaciones que son canalizadas a las autoridades correspondientes. Otras recomendaciones han estado relacionadas con la publicación en el portal del MINPRE de la información sobre las empresas adjudicadas y las declaratorias de desierto, y mejorar las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones para evitar cancelaciones y enmiendas.
La experiencia particular de la Comisión de Veeduría del MINPRE, la primera de todas, nos lleva a concluir que esta es una valiosa oportunidad de participación y monitoreo ciudadano que debe ser aprovechada por la sociedad para incidir en la eficiencia y la transparencia de las compras públicas. El rol de los ciudadanos no es el de sustituir a los órganos rectores o de control del Estado, sino contribuir desde una perspectiva crítica a que la administración de los recursos del Estado se haga con pulcritud.
Reconocemos que aún existe una cultura de la discrecionalidad en muchas de las instituciones del Estado, las cuales se resisten a cumplir con su deber de proporcionar la información pública requerida por la ciudadanía de manera oportuna y adecuada. Entendemos que denunciar esto y ejercer la presión necesaria para reducir los niveles de opacidad en la gestión pública es de por sí un aporte fundamental que pueden hacer las Comisiones de Veeduría como resultado de su monitoreo.
Los esfuerzos por la transparencia de instituciones del Estado como el Ministerio de la Presidencia y la Dirección General de Contrataciones Públicas, representa una oportunidad para la rendición de cuentas en un área tan relevante como la de las compras del Estado. La alianza sector público y sociedad es esencial en la promoción de la transparencia, cuyo propósito último es que el Estado brinde servicios de calidad a la ciudadanía.
