El Poder Ejecutivo emitió el Decreto No. 364-16 de Modificación al Reglamento para la Seguridad y Protección contra Incendios en Edificaciones de fecha 2 de diciembre de 2016 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Dicho reglamento fue establecido mediante el Decreto No. 85-11 del 24 de febrero de 2011. Luego de varias prórrogas del plazo establecido en su Artículo 5 para que las edificaciones y estructuras existentes sean provistas de las instalaciones y requerimientos mínimos de seguridad y protección contra incendios correspondientes, finalmente se aprueba esta modificación como una de las acciones emanadas del 2do. Congreso de la Industria Dominicana.  En este proceso trabajó un Comité conformado por representantes de la AIRD, ADOZONA y del MOPC.

El Artículo 5 sobre Edificaciones Existentes queda modificado de la manera siguiente: "Cuando las edificaciones existentes, con licencia de construcción registrada, requieren ser adecuadas a los requisitos de este Reglamento, se otorgará un plazo de un año, a partir de su oficialización, para que sean presentados a la Dirección de la Oficina Central de Tramitación de Planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), los planos del diseño del sistema de protección contra incendios propuesto, y un Plan de Cumplimiento que provea las medidas a implementar para realizar las instalaciones correspondientes, y el plazo en que será ejecutado, para fines de aprobación½½½½..".

Otros artículos importantes del reglamento que fueron modificados fueron los siguientes: el Artículo 100 de los Sistemas de Detección y Alarma; el Artículo 103 de Conexiones para Mangueras; el Artículo 104 de Sistema de Rociadores Automáticos; el Artículo 162 sobre Conexiones para Mangueras e Hidrantes; el Artículo 163 de Rociadores Automáticos; el Artículo 167 de Plan de Emergencias y Simulacros; entro otros. También se modificaron algunos artículos que competen al sector viviendas.

Las principal razón por la que el sector industrial solicitara a las autoridades la posposición de la entrada en vigencia de este reglamento para las edificaciones existentes es que tanto las empresas privadas (especialmente las pequeñas y medianas empresas) como las instituciones públicas no estaban preparadas para asumir las cuantiosas inversiones que requerirían para el diseño y construcción de los sistemas de protección contra incendios o para su adecuación en caso de tenerlos.

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